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ALERTA: MANIPULACIÓN DE INVESTIGACIÓN EN EL CRIMEN CONTRA BERTITA

Escrito por MovimientoAmplio 05-03-2016 en Denuncia. Comentarios (0)

La Plataforma de Movimientos Sociales y Populares de Honduras (PMSPH) y la Coalición Contra la Impunidad (CI), en relación al asesinato Bertha Cáceres,  ALERTA  a  la comunidad nacional e internacional sobre los siguientes extremos:

I.  Nos preocupa que pasadas las primeras 24 horas del asesinato de nuestra compañera Bertha Cáceres, el principal énfasis de las investigaciones desarrolladas por distintas unidades del gobierno,  hayan dado prioridad a hipótesis no relacionadas con las amenazas a las que estaba expuesta  recientemente y en reiteradas ocasiones había denunciado el COPINH y la misma Bertha Cáceres.

II.  Nos preocupa que el gobierno, en el afán de bajar la presión nacional e internacional que este crimen le acarrea, procure dar cualquier respuesta de manera inmediata, no importando que los verdaderos responsables del hecho sigan gozando de la histórica impunidad en la que nos tiene hundidos.

III.  El gobierno y Estado de Honduras, antes de presentar cualquier resultado sobre las causas y autores del crimen contra Bertha Cáceres, tiene el deber de responder si la empresa Desarrollos Energéticos Sociedad Anónima (DESA) concesionaria del proyecto hidroeléctrico Agua Zarca, varias instituciones bancarias financiadoras de estos proyectos, varias Corporaciones Municipales de municipios Lencas, especialmente la de San Francisco de Ojuera, policías, militares y varias otras empresas quienes habían vertido amenazas de acabar con la vida de Berta y otros liderazgos de la zona, participaron de este repudiable crimen.

Algunos de los últimos hechos denunciados directamente por Bertha Cáceres son:

-  El 25 de febrero fueron desalojadas 50 familias lencas en la comunidad de la Jarcia, Guise, Intibucá, por elementos de la policía nacional, agentes de investigación y militares bajo una orden ilegal y arbitraria. Involucrado directamente en la destrucción de casas al señor Lenin Pérez, ordenada por el juez Mario Pineda del juzgado segundo de letras en Intibucá, denunciando a la alcaldía por emitir dominios plenos, a jueces y la fiscal Vania Jetziva Aguilar por racismo, negligencia y favoritismos, y ese mismo día denunció que esa política de desalojos contra miembros del COPINH no son aisladas porque el siguiente día se realizaría otro desalojo en Rio Chiquito, Rio Lindo, Cortes. 

-  El 20 de febrero en horas de la mañana denunció que se estaban deteniendo y hostigando a más de 100 miembros del COPINH  por una acción de resistencia pacífica contra el Proyecto Hidroeléctrico “Agua Zarca” que impulsa la Empresa Desarrollos Energéticos S.A. (DESA) en territorios lencas,  denunciando al ingeniero de la Empresa DESA, Segio Rodríguez,  empleados de dicha empresa, el alcalde de San Francisco de Ojueras en Santa Barbara (Raúl Pineda), al Partido Nacional, apoyados por el Ejército Nacional de Honduras, la Policía Nacional, guardias privados y sicarios.

-  El día viernes 26 de febrero estando en San Pedro Sula y a las 5:00 pm recibió una llamada telefónica informándole que un carro andaba rondando su casa de habitación.

-  Bertha denunció que los sujetos procesados en los expedientes 1001-2015-00107 y 1001-2015-00008,  en el Juzgado de Letras de Intibucá, por los delitos de portación ilegal de armas y homicidio, habían sido contratados para asesinarla. Los dos acusados se encuentran en libertad, después de haber sido favorecidos por el Ministerio Público y el Juzgado de Intibucá.

IV.  La PMSPH y la CI, denuncia la intención del gobierno y Estado de Honduras de presentar cualquier respuesta a este crimen. La única respuesta aceptable es la que establezca las causas y móviles certeros, la identidad plena y la sanción penal de los autores intelectuales y materiales. 

V.  Alertamos y solicitamos a la comunidad y cooperación internacional, a los movimientos políticos, sociales y de derechos humanos de Honduras y del mundo, y a todas las personas que se han solidarizado ante este crimen; que dirijan misivas al Estado y gobierno de  Honduras pidiendo que respete los estándares internacionales definidos para la investigación de este tipo de crímenes, sobre todo el hecho que BERTHA CÁCERES es una reconocida luchadora social y defensora de Derechos Humanos, y su crimen está vinculado con su lucha.

4 de marzo del 2016.


CARTA ABIERTA DEL MADJ A LA MACCIH

Escrito por MovimientoAmplio 23-02-2016 en Corrupción. Comentarios (0)





Tegucigalpa, MDC,  22 de febrero de 2016

Señores (as)

Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH)

Señores y Señoras,

Somos el Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ), organización del movimiento social hondureño que nació en 2008 luego de la “Huelga de los Fiscales” que denunció la corrupcióny la impunidad del Sistema Judicial hondureño, especialmente en el Ministerio Público, y que viene demandando desde ese momento que sea la ley y la justicia el fundamento de la institucionalidad pública.

En este momento, siendo la MACCIH una iniciativa que genera opiniones contrastadas de lo que puede ser la lucha contra la corrupción y la impunidad en Honduras, consideramos nuestro derecho y nuestro deberhacer de público conocimiento nuestro análisis con respecto a su presencia en nuestro país:

Nuestras dudas y certezas:

1.  Quienes concibieron y pusieron en marcha la MACCIH,a propósito y con sutiles maniobras, desoyeron el masivo reclamo popular por la instalación de una Comisión Internacional Contra la Corrupción y la Impunidad rectorada por la ONU, la cual debía tener autonomía plena para perseguir y enjuiciar a los corruptos y corruptas de Honduras. El mensaje de los ideólogos de la MACCIH es que los pueblos no mandan y que siempre se imponen los gobiernos, en el caso hondureño un gobierno notoriamente corrupto. Este mensaje, además de entenderlo, lo condenamos, porque nosotros sí creemos en la soberanía popular y además estamos hartos de imposiciones generadoras de impunidad.

2.  Los términos en que fue escrito el convenio firmado por la OEA y el Gobierno de Honduras, para dar vida a la MACCIH,es una muestra fehaciente del afán por desvirtuar la posibilidad de instalar en Honduras una CICIH con un mandato similar al de la CICIG en Guatemala. Según el convenio, la MACCIHno tiene el mandato para ejercer o intervenir en la acción penal pública, siendo reducida a una instancia orientadora/colaboradora sin ningún carácter coercitivo o vinculante en sus disposiciones.El lenguaje indeterminado del conveniode la MACCIHse parece a muchos textos normativos vigentes en el país, que al momento de ser aplicados a la realidad se convierten en herramientas generadoras de impunidad.

3.  La falta de sanción a la escandalosa corrupción que sufrimos en Honduras, no está fundada únicamente en la incapacidad o falta de formación de investigadores, fiscales o jueces; tampoco se debe a la supuesta “carencia”de recursos económicos o logísticos. La impunidad de los corruptos y corruptas en Honduras se debe específicamente a que ellos mismos se convirtieron en gobierno o han desarrollado la perversa habilidad de someter y corromper a quienes formalmente constituyen el gobierno nacional. Así, el sistema de justicia funciona con investigadores, fiscales y jueces bien formados, pero cómodamente sumisosy no pocas veces activos defensores de la impunidad de sus jefes, quienes a su vez son garantes de la impunidad de los grandes capos de la corrupción pública.

4.  Dudamos de la MACCIH porque es una dependencia de la OEA, instancia que fue incapaz de revertir el golpe de Estado de 2009, hecho que consideramos como el más notorio crimen que profundizó la corrupción y consolidó el sometimiento total de toda la institucionalidad hondureña a los objetivos de una clase política-económica altamente corrupta. Igual, nos genera duda el hecho que la OEA ha sido una simple espectadora de la impunidad que siguen gozando los perpetradores del golpe de Estado y todos los demás crímenes que este hecho trajo para nuestra institucionalidad y a la familia hondureña.

5.  También desconfiamosde la MACCIH porqueel acto público para la firma del convenio que le dio vida, fue suspendido en varias ocasiones y se denunció que tal interrupciónse debió a que el gobierno de Honduras maniobró para que el texto de dicho convenio impida la autonomía, independencia y mandato suficientemente claro y determinante para enfrentar la corrupción y la impunidad en nuestro país.

6.  Expresamos nuestras dudas sobre quienes integran la MACCIH porque seguramente saben mucho de investigación criminal, de derecho procesal penal, derecho penal y todas las demás áreas del derecho y otras disciplinas fundamentales para combatir la corrupción, pero tememos que pese más su obediencia a quienes idearon la MACCIH como instancia que simule luchar contra la corrupción para garantizar mayor impunidada los grandes capos de la corrupción pública en Honduras

7.  Tememos que ustedes sean unos burócratas más, como muchos funcionarios de organismos internacionales con presencia en el país, profesionales a los que no les hace falta conocimientos, ni capacidades para combatir la corrupción y los corruptos,pero que no tengan voluntad de asumir los riesgos que esta labor implica y bajo el trillado argumento de no interferir en asuntos internos del país, terminen siendo calificados como aliados del gobierno, sin importar que los funcionarios de más alto nivel, sean partícipes del latrocinio del erario y la corrupción.

A pesar de nuestras certezas, dudas y sospechas sobre el papel de la MACCIH tenemos el derecho para recordar, reclamar y exigir lo siguiente:

a.  Cada misión internacional que se instala en nuestro país tiene enormes costos en materia económica, soberanía nacional y otras áreas estratégicas del país. En ese sentido, para nosotros su presencia en Honduras no es una dádiva de la OEA o del gobierno hondureño, sino una instancia a la que vigilaremos y a la que le demandaremos resultados contundentes que compensen los costos que asumimos como Estado y como sociedad.

b.  Recordamos que la sociedad civil hondureña no se reduce a un pequeño grupo de organizaciones y personas que, en muchos casos, son sostenidas con fondos del gobierno hondureño y por otros gobiernos, con el propósito de ser sutiles tapaderas de la escandalosa corrupción y sobre todo, de sus principales actores. Las organizaciones del movimiento social y político de Honduras también somos sociedad civil y rechazamos cualquier forma de exclusión.

c.  Es nuestro derecho pedir a la MACCIH que las denuncias presentadas por nuestra organización ante el Ministerio Público contra el Comité Central del Partido Nacional, el expresidente Porfirio Lobo Sosa y el actual presidente Juan Orlando Hernández por el caso del IHSS, consignada bajo el expediente número 1432825089-15; la presentada contra el presidente Juan Orlando Hernández y su hermana la ministra Hilda Hernández consignada bajo el expediente número 1435871808-15; la denuncia presentada el 11 de agosto de 2015 contra el vicepresidente del Consejo de la Judicatura Teodoro Bonilla, el Consejo de la Judicatura y Juan Orlando Hernández consignada bajo el número,y sobre las cuales no se nos ha notificado de avance alguno, sean parte de la cartera de casos que asumirá la MACCIH.

Señores y Señoras de la MACCIH, los desafiados son Ustedes, específicamente:

1.  Frente a la corrupción e impunidad en Honduras. Deseamos que nos demuestren que nuestras certezas y dudas respecto a su presencia, los objetivos, voluntades políticas y nuestros reclamos son interpretaciones equivocadas.

2.  Nosotros seguiremos denunciando y sintiéndonos parte activa en el la lucha contra los corruptos y las corruptas. Para el MADJ y para muchas otras organizaciones, ciudadanos y ciudadanas, la presencia de una instancia como la MACCIH solo se justificará si logra castigar los actos de corrupción de los grandes capos de la economía, la política y el crimen organizado. Sólo las acciones concretas dirigidas contra las más altas estructuras criminales disfrazadas de gobierno, de empresarios y de caciques de pueblo, revertirán el despojo de territorios, el saqueo de los fondos públicos y el acelerado desmoronamiento de la ya debilitada institucionalidad del país.

Por la Dignidad contra la Impunidad…

Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ)


POSICIONAMIENTO DEL MADJ SOBRE LA ELECCIÓN DE LA NUEVA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE HONDURAS

Escrito por MovimientoAmplio 21-01-2016 en CSJ. Comentarios (0)

NUEVA CORTE, VIEJOS VICIOS

POSICIONAMIENTO DEL MADJ SOBRE LA ELECCIÓN DE LA NUEVA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE HONDURAS

Los partidos políticos corruptos, la embajada de los Estados Unidos y los grupos económicos del poder siempre han decidido quiénes deben integrar la Corte Suprema de Justicia (CSJ), para imponer y defender sus mezquinos intereses. La intervención decisiva de estos tres actores ha desacreditado el proceso de elección de los magistrados a la CSJ, además de profundizar la desconfianza ciudadana en la justicia hondureña.

En 2001, mediante el decreto 38-2001, se reformó la Constitución de la República intentando superar ese descrédito y esa desconfianza en la institucionalidad de la justicia. Entre otras reformas, se creó la Junta Nominadora de candidatos a magistrados, integrada por representantes de varios sectores e instituciones políticas y sociales. En lugar de elegir a 9 magistrados propietarios y 7 suplentes, como se hacía en el pasado, se pasó a elegir a 15 magistrados que, a partir de entonces, ocuparían sus cargos por 7 años, en lugar de los 4 que ejercían anteriormente.

En enero de 2016 se elegirá la tercera Corte bajo esta nueva modalidad. Quince años después de aquella publicitada reforma, el desprestigio y la desconfianza que corroen al sistema judicial siguen siendo iguales o peores. Y la manipulación político partidaria, la influencia de los grupos económicos y la intervención de la embajada de Estados Unidos en el proceso de elección, nunca fueron tan evidentes como hoy.

La participación del pleno de la actual Corte Suprema de Justicia en el golpe de Estado de 2009 y la consecuente impunidad de este crimen contra la democracia, el Estado de derecho y los derechos humanos, constituye una prueba irrefutable del fracaso institucional que hoy vivimos. El funcionamiento actual del sistema de administración de justicia y las arbitrariedades que se cometen en la selección y elección de los magistrados a la nueva Corte, son muestra palpable de ese fracaso.

El proceso para elegir a los magistrados y magistradas es, normativamente, elitista y excluyente. La reforma del artículo constitucional 309, establecida en 2012 y ratificada en 2013, impuso como requisito adicional —para ser candidato a magistrado— el título de notario, negándole así la posibilidad de participar en el proceso a aproximadamente 18,000 profesionales del derecho que no disponen de dicho título, y que representan el 80% de los potenciales candidatos y candidatas a una magistratura.

De igual manera, las instituciones que integran la Junta Nominadora —que propone a los 45 candidatos a magistrados, de los que el Congreso Nacional elegirá a 15 para conformar el pleno de la Corte—, son espacios cooptados por la política tradicional. En el caso específico de los representantes de la sociedad civil ante la Junta Nominadora, el proceso de selección siguió el mismo expediente de imposición, respondiendo a los intereses del Gobierno, como en su momento lo denunciaron algunas organizaciones.

La falta de criterios objetivos para seleccionar a los futuros magistrados permitió que los 97 precandidatos escogidos de una lista más amplia, fueran seleccionados por una votación hecha entre los integrantes de la Junta Nominadora y no por la suma de los puntajes y calificaciones obtenidas por los seleccionados en las distintas pruebas a las que supuestamente fueron sometidos.

Las denuncias contra los retorcidos procedimientos empleados para seleccionar a los candidatos a la nueva Corte abundan; entre estas, que la Junta Nominadora no es transparente en sus actuaciones, lo que dio lugar a la intervención del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), que ordenó que la Junta informe y publique todo lo relacionado con sus actos. Y una afrenta a la democracia y la ciudadanía ha sido que, entre los 97 precandidatos seleccionados inicialmente, tres de ellos participaron en el golpe de Estado de 2009. Además, de esa lista, más de 20 precandidatos son actualmente investigados y se encuentran bajo la sospecha del gobierno de los Estados Unidos, por suponerlos partícipes en actos de corrupción y delitos aún más graves, que los descalifican como aspirantes a una magistratura en la CSJ. En consecuencia, el gobierno estadounidense pidió a la Junta Nominadora que excluyera a tales candidatos. No obstante, algunos de ellos –tanto de los golpistas, como de los señalados por Estado Unidos- fueron incluidos en la lista de nominados presentada al Congreso Nacional, lo que ahora representa un potencial peligro adicional para todo intento de adecentar la justicia en Honduras.  

En el Congreso Nacional, pese a que en su seno están representados seis partidos políticos, el procedimiento para elegir a los magistrados sigue siendo el mismo: la imposición de la voluntad del gobernante Partido Nacional y de los aliados que ha podido cooptar o comprar en los demás partidos políticos. Y no podía ser de otra manera. A un proceso retorcido de selección y postulación de candidatos, le corresponde un proceso autoritario y doloso de elección de la nueva Corte. El mismo hecho de que sea el Poder Legislativo el que elija a la CSJ implica una distorsión del principio republicano de separación de poderes y se constituye en un instrumento para que los más fuertes, o los que disponen de un acceso irrestricto a los recursos del Estado y los medios de coacción, se impongan sobre la voluntad popular que exige probidad y transparencia en la elección de la nueva Corte.

Aunque según la legislación vigente la elección de la CSJ exige una mayoría calificada de diputados en el Congreso Nacional, el peso de las costumbres más perversas de la política tradicional arrastra a todas las fuerzas políticas y, con ello, aumenta la atmósfera de desconfianza y descrédito que emerge cada vez que se presenta el reto de tomar una decisión trascendental para el destino institucional de Honduras.

Mientras la corrupción y los procedimientos dolosos y retorcidos sigan prevaleciendo, ninguna Corte Suprema de Justicia será independiente e imparcial. Por el contrario, seguirá comprometida con los grupos económicos y políticos que detentan el poder, cuyo principal sustento no es la democracia ni el Estado de derecho, sino la corrupción, la impunidad y la imposición.

Teniendo en cuenta estos antecedentes, lo único que cabe esperar de la clase política corrupta, al momento de elegir a la nueva Corte Suprema de Justicia, es el reparto de cargos y privilegios para asegurar, por siete años más, el régimen de corrupción, impunidad, militarismo, entrega del país al capital extranjero, violación permanente a los derechos humanos y, además, un contexto favorable a la imposición de una dictadura personal o partidaria que consolide el neoliberalismo depredador.

Frente a esta desoladora realidad, el Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia llama a los ciudadanos y ciudadanas a condenar todo acto de corrupción y de imposición en el proceso por el que se elegirá la nueva CSJ. A mantenernos vigilantes para exigir procedimientos honestos, más transparencia, más participación popular y más democracia. Recuperar el poder soberano del pueblo para vigilar y controlar a la clase política corrupta, es un paso imprescindible para recobrar nuestra soberanía, la dignidad y la justicia que hemos perdido; y un gran desafío que debemos enfrentar con más organización, más movilización y más propuesta política.