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Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia

COMUNICADO SOBRE DAÑOS OCASIONADOS POR LA INDUSTRIA MINERA EN HONDURAS

Escrito por MovimientoAmplio 25-02-2016 en Minería. Comentarios (0)


La Plataforma de Movimientos Sociales y Populares de Honduras (PMSPH) ante la realidad de minería en nuestro país:


EXIGIMOS EL FIN DE LA MINERÍA,

RESARCIMIENTO DE DAÑOS DIRECTOS Y COLATERALES A LAS

COMUNIDADES Y CASTIGO A LOS ASESINOS DE DIRIGENTES INDÍGENAS,

AFRODESCENDIENTES Y COMUNITARIOS COMETIDOS POR SICARIOS,

POLICÍAS Y MILITARES AL SERVICIO DE LAS EMPRESAS MINERAS

El Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia, MADJ, en conjunto con organizaciones defensoras de derechos humanos, territorios y bienes naturales de los pueblos y comunidades de Honduras, denunciamos el estado de muerte, despojo y desesperación en que se debaten las comunidades hondureñas, víctimas de la proliferación avorazada de la industria minera en connivencia con la secretaría del Ambiente, las municipalidades y las Fuerzas Armadas de Honduras. El descalabro ambiental en que se encuentran miles de aldeas y caseríos está alcanzando proporciones eco genocidas producto de la contaminación y devastación ambiental de los entornos naturales comunitarios.

Toda concesión minera se traduce en herencia de muerte

La gente muere a causa de intoxicaciones severas, por conflictos sociales violentos que se generan al interior de las comunidades debido a las divisiones que se originan en torno a la presencia o no de las empresas mineras, por persecución política y militar a dirigentes de las comunidades por el supuesto delito de oponerse a este tipo de industrias destructoras o por intoxicaciones progresivas debido a la lenta pero letal acumulación de sustancias tóxicas en sus tejidos y órganos.

Pero, además, la muerte de las personas se acentúa al destruirse y diezmarse los medios de vida de las comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes. Ahí donde ha habido o hay yacimientos mineros, los suelos han sido despedazados e intoxicados, impidiendo el surgimiento de una microflora y microfauna que los rehabilite para continuar dando vida. Las fuentes de agua, arrasadas, y las que logran sobreexistir a la minería quedan vomitando venenos por tiempos sin límite. Los bosques han sido arrancados de raíz, dando paso a una severa alteración en el normal desarrollo de la biodiversidad  tropical que ha interrumpido el equilibrio dinámico de las especies vivientes, favoreciendo la proliferación de especies plagas que al no contar con las especies silvestres que las controlaban ahora se disparan como pestes apocalípticas, como la plaga del gorgojo del pino, que ya acabó con 100 mil hectáreas de bosques y ha puesto en crisis la disponibilidad de fuentes de agua, justamente cuando el cambio climático arremete más caóticamente que nunca antes.

La minería: una historia de terror

La minería, tal como se ha venido implementando en Honduras, sigue violando los derechos humanos más fundamentales de los pueblos y bloquea la búsqueda comunitaria de sus propios caminos hacía el progreso económico y social. Más bien, sume a las comunidades  en severas crisis sociales y ambientales de las que cada vez es más difícil salir. Más allá de los intrascendentes aportes al Producto Interno Bruto que hace el sector minero, el mayor impacto de la minería se da a nivel social, ambiental y humano; y se evidencia desde lo que ocurre en las regiones y comunidades donde se han emprendido actividades extractivas de este tipo.

En la región occidental, la quebrada San Andrés y demás nacimientos de agua que alimentaban las fuentes hídricas principales que abastecían de este líquido a la ciudad de Santa Rosa de Copán y otros poblados de menor tamaño, han quedado contaminadas después que la empresa minera provocó cuando menos 7 derrames de aguas con cianuro procedentes de sus estanques.  Nos dábamos cuenta de tales accidentes porque las poblaciones vecinas denunciaban la mortandad de peces y demás animales acuáticos y, sólo después que la noticia saltaba a los medios de comunicación, intervenía el ministerio público y las autoridades ambientales de la otrora SERNA. Nadie guarda prisión por este delito ambiental, nadie se preocupa por recuperar las fuentes hídricas y mientras tanto las comunidades sufren las consecuencias. Y no bastando tal devastación, al irse la transnacional minera, un banco del país reclamó como suyas las tierras donde se habían asentado los pobladores y pobladoras desplazados por la empresa minera ya que estaban hipotecadas por un préstamo todavía no saldado. El Estado hondureño tuvo que hacerse cargo de la deuda ante al banco para que la nueva comunidad de desplazados por la mina no fuera expulsada.

En Atlántida, una empresa minera se instaló en el sector de Florida, municipio de Tela, contando con permiso de exploración y licencia ambiental viciada, protegida por una nueva posta policial integrada por 10 policías dirigidos por un militar del pelotón COBRAS. Cuando esta célula policial no pudo contener el descontento de las comunidades vecinas, la empresa instaló en la zona un grupo irregular de 12 matones que funcionaban en la clandestinidad bajo la protección de la posta policial. Cuando un terreno le interesaba a la empresa minera estos irregulares se trasladaban en horas de la noche a la casa del dueño de las tierras y le decían que tenía una semana para venderle su finca a la empresa y, de no hacerlo, después de transcurrido el tiempo límite no respondían por la vida de su familia. Cuando, por fin, las comunidades obtuvieron una copia del supuesto Estudio de Impacto Ambiental requerido por la Ley General del Ambiente, se toparon con que la empresa presentaba falsos documentos donde las comunidades daban el visto bueno al proyecto minero. Y entre otros hallazgos, encontraron que a cambio de instalar el proyecto minero a cielo abierto, la empresa crearía 64 empleos de los cuales la mitad eran técnicos venidos de fuera del sector y otorgarían a las comunidades el beneficio de contar con las ramas de los árboles cortados para que las utilizaran en la cocción de sus alimentos. La presión de las comunidades de la zona hizo que SERNA nombrara una comisión de investigación que determinó finalmente las fallas del proyecto minero y procedió a retirar la licencia ambiental y obliga a la empresa a resarcir daños ambientales. Las comunidades realizaron un cabildo abierto y declararon la zona libre de minería. Sn embargo, la empresa no ha cumplido con el resarcimiento de daños ambientales ni el ministerio público ha enjuiciado a los funcionarios de la SERNA que viciadamente habían otorgado la licencia ambiental a esta empresa minera.

El pueblo indígena Tolupán, departamento de Yoro, no escapa a las consecuencias nefastas de la minería. Tribus como San Francisco de Locomapa, Las Vegas del Tepemechín, Guajiniquil y Agua Caliente de Reinada son las que más sufren los embates de la minería clandestina. La tribu Guajiniquil está condenada a desaparecer porque así lo ha pedido una empresa minera interesada en extraer oro a cielo abierto en territorios tribales. En la tribu San Francisco van siendo asesinados alrededor de7 personas en los últimos 3 años por matones vinculados a la minería clandestina. En la tribu Las Vegas empresarios mineros hondureños y asiáticos presionan a los indígenas para continuar extrayendo broza de Antimonio.

Entre los departamentos de Colón y Olancho, el Estado hondureño en contubernio con una minera se burlan de comunidades. Doce comunidades de los municipios de Bonito Oriental (departamento de Colón) Gualaco y San Esteban (departamento de Olancho) creyeron en las bondades que la empresa minera BDR les prometió a cambio de permitir una explotación minera a cielo abierto en la zona montañosa de El Venado.

 Desde 2009 una empresa minera intentó convencer a las comunidades del sector de Tocoa y Bonito Oriental para explotar las minas a cielo abierto en la montaña El Venado, contando con el apoyo de militares de alto rango de la Fuerza Naval apostada en Puerto Castilla, quienes aseguraban a las comunidades que la empresa iba a cumplir todas sus promesas y pedían a los habitantes su colaboración en la explotación de las minas. Los ingenieros y empresarios prometieron a las comunidades rehacer las carreteras, construir escuelas y colegios, proyectos de agua, jardines infantiles y les decían que eso era poco en comparación a todo lo que les podían dar. Fue así como las comunidades cayeron en el engaño y aceptaron la explotación minera.

La empresa minera explotó sin descanso las montañas. Anualmente zarpaban de Puerto Castilla unos 33 embarques cargados con broza de Óxido de Hierro que generaban a la empresa ingresos anuales promedio de 1,122 millones de Lempiras. Pero para finales del 2014 la empresa abandonó la zona, quedando burladas doce comunidades de los municipios de San Esteban, Gualaco y Bonito Oriental. El cerro El Venado queda devastado, las fuentes de aguas mermadas y contaminadas, las carreteras destruidas, las construcciones prometidas de jardines infantiles, escuelas y colegios fueron incumplidas y los hombres y mujeres que trabajaron para la empresa minera quedaron sin recibir sus salarios.

Cuando las comunidades organizaron una manifestación en contra de la empresa y en reclamo de sus salarios, los militares de la Fuerza Naval las reprimieron brutalmente, capturando a 12 líderes y lideresas que justamente un par de años antes motivaron a las comunidades a aceptar la empresa minera.

Este calvario que viven hondureñas y hondureños humildes que ingenuamente han creído en las bondades de las empresas mineras nos deja claro que a estas sólo les interesa extraer los minerales sin importarles la situación en que quedan las comunidades.

La zona sur de Honduras y su más grande tragedia vivida con el sepultamiento de varios mineros presenta, desde otra perspectiva, el calvario de comunidades pobres que en ausencia de empleos se ven obligadas a ejercer trabajos mineros afrontando todo tipo de riesgos e inseguridades que van desde los deslizamientos de enormes masas de tierra hasta la tortura de parte de elementos militares que custodian la zona de yacimientos para ofertarla como ZEDE al gran capital transnacional.

¿Qué queda a las comunidades sometidas al calvario de las mineras?

Queda la verdad de la maldad con que operan estas empresas mineras, queda la certeza de que el Estado hondureño y sus instituciones civiles y militares han abandonado a las comunidades y solamente se preocupan por defender los intereses de las empresas mineras. Y frente a esta verdad insoslayable, inhumana, que lacera los sentimientos por vivir una vida digna y con justicia social, en estos últimos días el gobierno ha anunciado que saldrá al encuentro con las empresas mineras para otorgarles mayores beneficios a cambio de que continúen devastando los bienes naturales y pueblos de cualquier región del país.

Pero también queda la conciencia de que sólamente organizados los pobladores y pobladoras pueden defender sus intereses comunitarios, queda la convicción de que bastan los sacrificios y trabajos diarios de pobladores y pobladoras para sacar adelante las comunidades sin esperar limosnas envenenadas de las empresas mineras.

Exigencias que brotan de la dignidad y la justicia de los pueblos

Expuesta detalladamente la nuda realidad de lo que verdaderamente ha significado la proliferación descontrolada de las concesiones mineras en todo el territorio nacional, las organizaciones que suscribimos el presente documento exigimos urgentemente:

  1. Cancelación inmediata de las concesiones mineras de todo tipo.
  2. Realización pronta y expedita de un diagnóstico sobre la situación de las comunidades y sus entornos ambientales con el compromiso por parte del gobierno nacional de resarcir los daños directos y colaterales ocasionados en cada porción del territorio nacional. Aclarando que en dicha comisión deberán tener participación directa las comunidades y sus organizaciones locales, además de las organizaciones defensoras de derechos humanos.
  3. El Congreso Nacional deberá legislar la creación de un nuevo estatuto de áreas Protegidas referidas que permitan brindar atención especial a aquellas regiones devastadas por la minería que incluya además la declaratoria como zona libre de minería y se diseñe un plan de recuperación de su geografía y biodiversidad.
  4. Se inicie un proceso articulado de juicio y castigo a los asesinos de líderes y lideresas a quienes se les arrebató la vida por oponerse a la devastación humana y ambiental que traían consigo las concesiones mineras.

¡Por una patria incluyente avanzando en sostenibilidad con justicia social, pedimos Justicia, ya!

San Pedro Sula, veinticinco (25) de febrero del dos mil diez y seis.


CARTA ABIERTA DEL MADJ A LA MACCIH

Escrito por MovimientoAmplio 23-02-2016 en Corrupción. Comentarios (0)





Tegucigalpa, MDC,  22 de febrero de 2016

Señores (as)

Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH)

Señores y Señoras,

Somos el Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ), organización del movimiento social hondureño que nació en 2008 luego de la “Huelga de los Fiscales” que denunció la corrupcióny la impunidad del Sistema Judicial hondureño, especialmente en el Ministerio Público, y que viene demandando desde ese momento que sea la ley y la justicia el fundamento de la institucionalidad pública.

En este momento, siendo la MACCIH una iniciativa que genera opiniones contrastadas de lo que puede ser la lucha contra la corrupción y la impunidad en Honduras, consideramos nuestro derecho y nuestro deberhacer de público conocimiento nuestro análisis con respecto a su presencia en nuestro país:

Nuestras dudas y certezas:

1.  Quienes concibieron y pusieron en marcha la MACCIH,a propósito y con sutiles maniobras, desoyeron el masivo reclamo popular por la instalación de una Comisión Internacional Contra la Corrupción y la Impunidad rectorada por la ONU, la cual debía tener autonomía plena para perseguir y enjuiciar a los corruptos y corruptas de Honduras. El mensaje de los ideólogos de la MACCIH es que los pueblos no mandan y que siempre se imponen los gobiernos, en el caso hondureño un gobierno notoriamente corrupto. Este mensaje, además de entenderlo, lo condenamos, porque nosotros sí creemos en la soberanía popular y además estamos hartos de imposiciones generadoras de impunidad.

2.  Los términos en que fue escrito el convenio firmado por la OEA y el Gobierno de Honduras, para dar vida a la MACCIH,es una muestra fehaciente del afán por desvirtuar la posibilidad de instalar en Honduras una CICIH con un mandato similar al de la CICIG en Guatemala. Según el convenio, la MACCIHno tiene el mandato para ejercer o intervenir en la acción penal pública, siendo reducida a una instancia orientadora/colaboradora sin ningún carácter coercitivo o vinculante en sus disposiciones.El lenguaje indeterminado del conveniode la MACCIHse parece a muchos textos normativos vigentes en el país, que al momento de ser aplicados a la realidad se convierten en herramientas generadoras de impunidad.

3.  La falta de sanción a la escandalosa corrupción que sufrimos en Honduras, no está fundada únicamente en la incapacidad o falta de formación de investigadores, fiscales o jueces; tampoco se debe a la supuesta “carencia”de recursos económicos o logísticos. La impunidad de los corruptos y corruptas en Honduras se debe específicamente a que ellos mismos se convirtieron en gobierno o han desarrollado la perversa habilidad de someter y corromper a quienes formalmente constituyen el gobierno nacional. Así, el sistema de justicia funciona con investigadores, fiscales y jueces bien formados, pero cómodamente sumisosy no pocas veces activos defensores de la impunidad de sus jefes, quienes a su vez son garantes de la impunidad de los grandes capos de la corrupción pública.

4.  Dudamos de la MACCIH porque es una dependencia de la OEA, instancia que fue incapaz de revertir el golpe de Estado de 2009, hecho que consideramos como el más notorio crimen que profundizó la corrupción y consolidó el sometimiento total de toda la institucionalidad hondureña a los objetivos de una clase política-económica altamente corrupta. Igual, nos genera duda el hecho que la OEA ha sido una simple espectadora de la impunidad que siguen gozando los perpetradores del golpe de Estado y todos los demás crímenes que este hecho trajo para nuestra institucionalidad y a la familia hondureña.

5.  También desconfiamosde la MACCIH porqueel acto público para la firma del convenio que le dio vida, fue suspendido en varias ocasiones y se denunció que tal interrupciónse debió a que el gobierno de Honduras maniobró para que el texto de dicho convenio impida la autonomía, independencia y mandato suficientemente claro y determinante para enfrentar la corrupción y la impunidad en nuestro país.

6.  Expresamos nuestras dudas sobre quienes integran la MACCIH porque seguramente saben mucho de investigación criminal, de derecho procesal penal, derecho penal y todas las demás áreas del derecho y otras disciplinas fundamentales para combatir la corrupción, pero tememos que pese más su obediencia a quienes idearon la MACCIH como instancia que simule luchar contra la corrupción para garantizar mayor impunidada los grandes capos de la corrupción pública en Honduras

7.  Tememos que ustedes sean unos burócratas más, como muchos funcionarios de organismos internacionales con presencia en el país, profesionales a los que no les hace falta conocimientos, ni capacidades para combatir la corrupción y los corruptos,pero que no tengan voluntad de asumir los riesgos que esta labor implica y bajo el trillado argumento de no interferir en asuntos internos del país, terminen siendo calificados como aliados del gobierno, sin importar que los funcionarios de más alto nivel, sean partícipes del latrocinio del erario y la corrupción.

A pesar de nuestras certezas, dudas y sospechas sobre el papel de la MACCIH tenemos el derecho para recordar, reclamar y exigir lo siguiente:

a.  Cada misión internacional que se instala en nuestro país tiene enormes costos en materia económica, soberanía nacional y otras áreas estratégicas del país. En ese sentido, para nosotros su presencia en Honduras no es una dádiva de la OEA o del gobierno hondureño, sino una instancia a la que vigilaremos y a la que le demandaremos resultados contundentes que compensen los costos que asumimos como Estado y como sociedad.

b.  Recordamos que la sociedad civil hondureña no se reduce a un pequeño grupo de organizaciones y personas que, en muchos casos, son sostenidas con fondos del gobierno hondureño y por otros gobiernos, con el propósito de ser sutiles tapaderas de la escandalosa corrupción y sobre todo, de sus principales actores. Las organizaciones del movimiento social y político de Honduras también somos sociedad civil y rechazamos cualquier forma de exclusión.

c.  Es nuestro derecho pedir a la MACCIH que las denuncias presentadas por nuestra organización ante el Ministerio Público contra el Comité Central del Partido Nacional, el expresidente Porfirio Lobo Sosa y el actual presidente Juan Orlando Hernández por el caso del IHSS, consignada bajo el expediente número 1432825089-15; la presentada contra el presidente Juan Orlando Hernández y su hermana la ministra Hilda Hernández consignada bajo el expediente número 1435871808-15; la denuncia presentada el 11 de agosto de 2015 contra el vicepresidente del Consejo de la Judicatura Teodoro Bonilla, el Consejo de la Judicatura y Juan Orlando Hernández consignada bajo el número,y sobre las cuales no se nos ha notificado de avance alguno, sean parte de la cartera de casos que asumirá la MACCIH.

Señores y Señoras de la MACCIH, los desafiados son Ustedes, específicamente:

1.  Frente a la corrupción e impunidad en Honduras. Deseamos que nos demuestren que nuestras certezas y dudas respecto a su presencia, los objetivos, voluntades políticas y nuestros reclamos son interpretaciones equivocadas.

2.  Nosotros seguiremos denunciando y sintiéndonos parte activa en el la lucha contra los corruptos y las corruptas. Para el MADJ y para muchas otras organizaciones, ciudadanos y ciudadanas, la presencia de una instancia como la MACCIH solo se justificará si logra castigar los actos de corrupción de los grandes capos de la economía, la política y el crimen organizado. Sólo las acciones concretas dirigidas contra las más altas estructuras criminales disfrazadas de gobierno, de empresarios y de caciques de pueblo, revertirán el despojo de territorios, el saqueo de los fondos públicos y el acelerado desmoronamiento de la ya debilitada institucionalidad del país.

Por la Dignidad contra la Impunidad…

Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ)


PRONUNCIAMIENTO DE LA PLATAFORMA DEL MOVIMIENTO SOCIAL Y POPULAR DE HONDURAS SOBRE LA NUEVA CONSTITUCIÓN DE JOH

Escrito por MovimientoAmplio 02-02-2016 en Pronunciamiento. Comentarios (0)

La nueva Constitución de Juan Orlando Hernández ¡alerta al pueblo hondureño!

El presidente Juan Orlando Hernández, ha hecho público el interés de cambiar o reformar la actual Constitución. Para ello, propone revisar la constitución con diferentes sectores políticos, sociales, económicos productivos, usando a los actuales diputados para que revisen el borrador de Constitución construido por dichos sectores consultados, seguramente a fines a sus políticas y con el apoyo de expertos. Plantea en este sentido, que el actual Congreso Nacional modifique la constitución, sin elegir diputados constituyentes y que si es necesario la sometería a que el pueblo diga si está de acuerdo o no con esa Constitución, en la próxima elección.

La pretensión de Juan Orlando Hernández, junto a los grupos de poder que lo apoyan en imponer una constitución a su media e intereses, debe ser de enorme preocupación para todas y todos y alertarnos ante la amenaza que implica este proyecto que, sin ninguna duda, esta pre-elaborado de manera tal que conduzca a garantizar la entrega y control total de los recursos y bienes nacionales. Además, es evidente que la nueva constitución que propone Juan Orlando Hernández, de ninguna manera resolverá la grave situación de empobrecimiento, violación de Derechos Humanos, injusticia, saqueo de bienes comunes y la naturaleza y del despojo de los territorios indígenas, negros, campesinos y comunitarios.

Queda claro, en la propuesta de JOH, que no será el pueblo hondureño quien diseñe, decida y apruebe una nueva constitución, sino que serán los empresarios que han saqueado al país, así como los viejos y corruptos políticos diputados hoy en un Congreso Nacional, que manipularán cualquier resultado electoral o consulta social, para imponer su constitución que les garantice impunidad y el robo interminable de la gran y diversa riqueza nacional, bajo un proyecto de dominación que incluya también posibles reelecciones para perpetuar el mismo y no para una Honduras justa y digna.

Como organizaciones populares miembras de la Plataforma de Movimientos Sociales y Populares de Honduras, PMSPH, hemos avanzado con propuestas y luchas para construir una nueva República con un nuevo Estado de carácter solidario, con propuestas que nos ayudan a repensar Honduras.

Por esta y otras muchas razones, NO renunciamos a la lucha por una Asamblea Nacional Constituyente Refundacional, originaria, pluricultural, justa, decisiva, determinante, que dignifique a Honduras y que lleve a reconstruir la vida de nuestros pueblos, las soberanías, que respete la autodeterminación con justicia económica, política y ambiental, con construcción anti-patriarcal y anticolonialista, producto del soberano y de su poder constituyente y constituido, con un proceso participativo, amplio, de debate a profundidad, con pensamiento y propuesta crítica, desde los amplios sectores pueblo hondureño. Manifestamos, que nuestra apuesta es que cualquier proyecto para hacer una nueva constitución sea desde el pueblo hondureño y no desde la manipulación histórica de los grupos de poder económico.

¡No a la constitución de JOH y los grupos de poder!

Dado en Honduras, 01 de febrero del 2016.


POSICIONAMIENTO DEL MADJ SOBRE LA ELECCIÓN DE LA NUEVA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE HONDURAS

Escrito por MovimientoAmplio 21-01-2016 en CSJ. Comentarios (0)

NUEVA CORTE, VIEJOS VICIOS

POSICIONAMIENTO DEL MADJ SOBRE LA ELECCIÓN DE LA NUEVA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE HONDURAS

Los partidos políticos corruptos, la embajada de los Estados Unidos y los grupos económicos del poder siempre han decidido quiénes deben integrar la Corte Suprema de Justicia (CSJ), para imponer y defender sus mezquinos intereses. La intervención decisiva de estos tres actores ha desacreditado el proceso de elección de los magistrados a la CSJ, además de profundizar la desconfianza ciudadana en la justicia hondureña.

En 2001, mediante el decreto 38-2001, se reformó la Constitución de la República intentando superar ese descrédito y esa desconfianza en la institucionalidad de la justicia. Entre otras reformas, se creó la Junta Nominadora de candidatos a magistrados, integrada por representantes de varios sectores e instituciones políticas y sociales. En lugar de elegir a 9 magistrados propietarios y 7 suplentes, como se hacía en el pasado, se pasó a elegir a 15 magistrados que, a partir de entonces, ocuparían sus cargos por 7 años, en lugar de los 4 que ejercían anteriormente.

En enero de 2016 se elegirá la tercera Corte bajo esta nueva modalidad. Quince años después de aquella publicitada reforma, el desprestigio y la desconfianza que corroen al sistema judicial siguen siendo iguales o peores. Y la manipulación político partidaria, la influencia de los grupos económicos y la intervención de la embajada de Estados Unidos en el proceso de elección, nunca fueron tan evidentes como hoy.

La participación del pleno de la actual Corte Suprema de Justicia en el golpe de Estado de 2009 y la consecuente impunidad de este crimen contra la democracia, el Estado de derecho y los derechos humanos, constituye una prueba irrefutable del fracaso institucional que hoy vivimos. El funcionamiento actual del sistema de administración de justicia y las arbitrariedades que se cometen en la selección y elección de los magistrados a la nueva Corte, son muestra palpable de ese fracaso.

El proceso para elegir a los magistrados y magistradas es, normativamente, elitista y excluyente. La reforma del artículo constitucional 309, establecida en 2012 y ratificada en 2013, impuso como requisito adicional —para ser candidato a magistrado— el título de notario, negándole así la posibilidad de participar en el proceso a aproximadamente 18,000 profesionales del derecho que no disponen de dicho título, y que representan el 80% de los potenciales candidatos y candidatas a una magistratura.

De igual manera, las instituciones que integran la Junta Nominadora —que propone a los 45 candidatos a magistrados, de los que el Congreso Nacional elegirá a 15 para conformar el pleno de la Corte—, son espacios cooptados por la política tradicional. En el caso específico de los representantes de la sociedad civil ante la Junta Nominadora, el proceso de selección siguió el mismo expediente de imposición, respondiendo a los intereses del Gobierno, como en su momento lo denunciaron algunas organizaciones.

La falta de criterios objetivos para seleccionar a los futuros magistrados permitió que los 97 precandidatos escogidos de una lista más amplia, fueran seleccionados por una votación hecha entre los integrantes de la Junta Nominadora y no por la suma de los puntajes y calificaciones obtenidas por los seleccionados en las distintas pruebas a las que supuestamente fueron sometidos.

Las denuncias contra los retorcidos procedimientos empleados para seleccionar a los candidatos a la nueva Corte abundan; entre estas, que la Junta Nominadora no es transparente en sus actuaciones, lo que dio lugar a la intervención del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), que ordenó que la Junta informe y publique todo lo relacionado con sus actos. Y una afrenta a la democracia y la ciudadanía ha sido que, entre los 97 precandidatos seleccionados inicialmente, tres de ellos participaron en el golpe de Estado de 2009. Además, de esa lista, más de 20 precandidatos son actualmente investigados y se encuentran bajo la sospecha del gobierno de los Estados Unidos, por suponerlos partícipes en actos de corrupción y delitos aún más graves, que los descalifican como aspirantes a una magistratura en la CSJ. En consecuencia, el gobierno estadounidense pidió a la Junta Nominadora que excluyera a tales candidatos. No obstante, algunos de ellos –tanto de los golpistas, como de los señalados por Estado Unidos- fueron incluidos en la lista de nominados presentada al Congreso Nacional, lo que ahora representa un potencial peligro adicional para todo intento de adecentar la justicia en Honduras.  

En el Congreso Nacional, pese a que en su seno están representados seis partidos políticos, el procedimiento para elegir a los magistrados sigue siendo el mismo: la imposición de la voluntad del gobernante Partido Nacional y de los aliados que ha podido cooptar o comprar en los demás partidos políticos. Y no podía ser de otra manera. A un proceso retorcido de selección y postulación de candidatos, le corresponde un proceso autoritario y doloso de elección de la nueva Corte. El mismo hecho de que sea el Poder Legislativo el que elija a la CSJ implica una distorsión del principio republicano de separación de poderes y se constituye en un instrumento para que los más fuertes, o los que disponen de un acceso irrestricto a los recursos del Estado y los medios de coacción, se impongan sobre la voluntad popular que exige probidad y transparencia en la elección de la nueva Corte.

Aunque según la legislación vigente la elección de la CSJ exige una mayoría calificada de diputados en el Congreso Nacional, el peso de las costumbres más perversas de la política tradicional arrastra a todas las fuerzas políticas y, con ello, aumenta la atmósfera de desconfianza y descrédito que emerge cada vez que se presenta el reto de tomar una decisión trascendental para el destino institucional de Honduras.

Mientras la corrupción y los procedimientos dolosos y retorcidos sigan prevaleciendo, ninguna Corte Suprema de Justicia será independiente e imparcial. Por el contrario, seguirá comprometida con los grupos económicos y políticos que detentan el poder, cuyo principal sustento no es la democracia ni el Estado de derecho, sino la corrupción, la impunidad y la imposición.

Teniendo en cuenta estos antecedentes, lo único que cabe esperar de la clase política corrupta, al momento de elegir a la nueva Corte Suprema de Justicia, es el reparto de cargos y privilegios para asegurar, por siete años más, el régimen de corrupción, impunidad, militarismo, entrega del país al capital extranjero, violación permanente a los derechos humanos y, además, un contexto favorable a la imposición de una dictadura personal o partidaria que consolide el neoliberalismo depredador.

Frente a esta desoladora realidad, el Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia llama a los ciudadanos y ciudadanas a condenar todo acto de corrupción y de imposición en el proceso por el que se elegirá la nueva CSJ. A mantenernos vigilantes para exigir procedimientos honestos, más transparencia, más participación popular y más democracia. Recuperar el poder soberano del pueblo para vigilar y controlar a la clase política corrupta, es un paso imprescindible para recobrar nuestra soberanía, la dignidad y la justicia que hemos perdido; y un gran desafío que debemos enfrentar con más organización, más movilización y más propuesta política.