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Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia

HONDURAS NIEGA ACCESO A LA VERDAD Y LA JUSTICIA EN CASO BERTA CÁCERES FLORES

Escrito por MovimientoAmplio 14-04-2016 en Justicia. Comentarios (0)

HONDURAS NIEGA ACCESO A LA VERDAD Y LA JUSTICIA EN CASO BERTA CÁCERES FLORES

Unos días después del asesinato de nuestra querida Bertita ocurrido el pasado 2 de marzo, solicitamos a las autoridades hondureñas la intervención de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a efectos de que se realizara una investigación  criminal independiente e imparcial de los hechos a través del nombramiento de un grupo de personas expertas.

Nosotras, las hijas e hijo de Berta Cáceres Flores: Olivia, Berta, Laura y Salvador, todos de apellidos Zúniga Cáceres, así como su madre: Austra Bertha Flores, nos convencimos de la importancia de contar con personas expertas que pudieran ayudar al Ministerio Público en el proceso de investigación ante la secretividad que se dictó y que nos impidió el acceso pleno al expediente; asimismo, consideramos que los antecedentes de criminalización que el MP ejerció contra nuestra Berta, los altos índices de impunidad en este tipo de casos así como las irregularidades que se cometieron al inicio de la investigación constituían elementos relevantes que justificaban una decidida supervisión internacional.

Esta petición fue presentada en forma oral y escrita ante el Secretario de Estado en el Despacho de Seguridad Pública, el Secretario de Estado en el Despacho de Derechos Humanos, Justicia, Gobernación y Descentralización, la Sub Secretaria de Justicia y Derechos Humanos y el Fiscal General de la República.

Hasta el día de hoy, no hemos recibido una respuesta formal a la propuesta que se realizó, en su lugar, diversas autoridades han emitido pronunciamientos públicos para confundir el rol que actores internacionales estarían jugando en el proceso. Así por ejemplo, el Estado informó que contaba con la asesoría de dos agentes del Federal Bureau of Investigation (FBI), además que la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) habría aceptado darles apoyo técnico “de acuerdo con su mandato y metodología” y más recientemente se hizo pública la inminente intervención de la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH) en el proceso investigativo.

En su gira por la Ciudad de Washington DC, el señor Canciller hondureño Arturo Corrales sostuvo diversas reuniones en las que se refirió –de manera informal- a la propuesta que hicimos los familiares, señalando que la CIDH no tiene la competencia para involucrarse en un caso en el que todavía no hay denegación de justicia, por otra parte no quieren generar respuestas casuísticas sino acciones que fortalezcan a las instituciones del país y finalmente insisten en que la participación de los otros actores internacionales (FBI, OACNUDH y MACCIH) ya debe generar confianza.

Esta posición estatal no resuelve nuestras preocupaciones, nos genera más dudas, y nos obliga nuevamente a pronunciarnos de la siguiente manera:

1.  Se nos está negando nuestro derecho de participar activamente en el proceso. Por una decisión institucional del Ministerio Público y ratificada por el Juzgado de la Esperanza, nuestra familia tiene acceso limitado al expediente, no hemos podido conocer el plan de investigación trazado ni las diligencias que ha llevado a cabo el MP (más allá de lo que se ha informado a los medios de comunicación). La pregunta que nos surge es ¿Por qué se nos niega este derecho?

2.  Toda intervención internacional que no haya considerado nuestra posición abona a la desconfianza ya existente. No se ha aclarado cuál es el rol que está jugando el FBI en la investigación, máxime cuando hay preocupaciones en torno al financiamiento que en el pasado reciente dio la USAID a la empresa DESA (principal implicada en amenazas contra nuestra Berta). La OACNUDH señaló que su apoyo técnico estaría vinculado con su mandato de observación en materia de derechos humanos y no así en la coadyuvancia de la investigación criminal, además se desconoce si este órgano ha tenido acceso a la información del expediente y de qué forma se está concretando el citado “apoyo”. La MACCIH no tiene mandato para investigar el asesinato de una defensora de los derechos humanos ya que su principal objetivo es la investigación criminal de casos de corrupción, adicionalmente éste órgano todavía no tiene una estructura de funcionamiento en Honduras ni cuenta con la experiencia profesional para investigar en este tipo de casos. Como hondureños nos preocupa que se pretenda desviar la atención de la propia MACCIH para que no atienda los casos de corrupción que originaron su existencia o –pero aún- se utilice el caso de nuestra Berta para legitimar una instancia que nace cuestionada.

3.  La CIDH es el órgano de la OEA competente para intervenir en este tipo de procesos. Existe al menos una experiencia reciente de la CIDH en la que se nombró un grupo interdisciplinario de expertos independientes (GIEI) para investigar el caso de la desaparición de los 43 jóvenes de la Escuela Normal de Ayotzinapa en México. Esta iniciativa ha sido apoyada por numerosos actores nacionales e internacionales y ocurre en el marco de las competencias que tiene la CIDH de promover la observancia y la defensa de los derechos humanos en el continente americano. El propio Secretario General de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, señaló que había solicitado al Canciller hondureño su apoyo para crear este grupo de expertos en Honduras. Para que la CIDH intervenga en el momento actual no es necesario ningún tipo de agotamiento de recursos internos ni tampoco interfiere con sus facultades de supervisión. Entonces: ¿Por qué el Estado de Honduras rechaza una opción de trabajo que garantiza la independencia de la investigación? ¿A quién le teme o a quien se encubre?

De conformidad con estos últimos acontecimientos solicitamos

a la comunidad internacional:

§  Insistir ante las autoridades hondureñas para que acepte la participación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y a través de ella, el nombramiento de un grupo interdisciplinario de personas expertas que coadyuve en las investigaciones en torno al asesinato de nuestra madre e hija.

§  Solicitar que se nos permita ser parte activa del proceso de investigación y se nos brinde acceso irrestricto a la información disponible sobre el caso.

§  Exhortar a las autoridades para que aborden las causas que generaron el asesinato de nuestra Berta y por lo tanto se revoquen todas las concesiones que fueron otorgadas irregularmente sobre el territorio lenca.

§  Exigir al Estado de Honduras que cese la revictimización hacia nosotras como madre, hijas e hijo de Berta Cáceres, así como se implementen medidas de protección integrales que eviten la continuación de las amenazas.

Finalmente, solicitamos al FBI, a la MACCIH y a la OACNUDH, que aclaren los alcances de su participación en el proceso investigativo y se abstengan de brindar cualquier tipo de asesoría hasta tanto no se garantice nuestra plena participación.  

Dado en La Esperanza, Intibucá el día 13 de abril de 2016.

Olivia, Berta, Laura y Salvador Zúniga Cáceres (hijas e hijo)

Austra Bertha Flores (madre)


INFORME FINAL DE MASACRE EN LOCOMAPA, YORO MARZO 2016

Escrito por MovimientoAmplio 09-03-2016 en Locomapa. Comentarios (0)

PAZ, JUSTICIA Y SOLIDARIDAD PIDE EL PUEBLO TOLUPÁN

El domingo 21 del pasado mes de febrero se perpetró una masacre más en la tribu San Francisco de Locomapa, en el caserío Cabeza de Vaca Número Dos, dejando al descubierto un nuevo frente de lucha territorial que se multiplica en prácticamente las 31 tribus tolupanes; motivado por el avance de múltiples frentes de colonización agrícola constituidas por masas cada vez mayores de familias campesinas pobres que desde varias regiones de Honduras están siendo expulsadas y huyen hacia las serranías más inhóspitas en busca de un pedazo de tierra para sobrevivir.

En el pueblo Tolupán han sido asesinados aproximadamente un centenar de indígenas sin que hasta ahora el Estado de Honduras haya hecho justicia en siquiera algunos de dichos crímenes. En la web de la secretaría de Etnias podía leerse que éste es el pueblo originario más martirizado de Honduras. Sin embargo, con el actual presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, al reducir este ministerio a sub secretaría se eliminó de la web tan flagrante afirmación martirial.

En este maremágnum de crímenes contra el pueblo Tolupán sobresale el caso especial de la tribu San Francisco de Locomapa, que con esta última masacre el número de personas asesinadas asciende a 17, de los cuales 11 han tenido lugar en el último lustro. Y, como en el resto de las tribus tolupanes, no hay un solo asesino que haya sido castigado o se encuentre guardando prisión por ello.

El domingo 21 de febrero aproximadamente a las 08:45 AM, fue acribillada una familia de campesinos pobres que hacía unos meses se había instalado en predios de la tribu San Francisco de Locomapa. Los campesinos e indígena asesinados son:

+ José Pantaleón Alvarenga Galdámez (padre),

+ Elvin Joel Palencia Fuentes (hijo),

+ Carlos Roberto Palencia Fuentes (hijo),

+ Nahún Alberto Morazán Sagastume (Yerno) y

+ Santos Filander Matute (indígena Tolupán).

Se trata, pues, de 5 personas asesinadas por una de las bandas de criminales que permanecen en la zona al servicio de terratenientes, madereros y mineros, a quienes se les contrata para hacer “limpiezas” de personas que resultan insoportables e indeseables para los intereses de los poderosos de Locomapa.

La familia martirizada provenía de la región occidental de Honduras y habían llegado a la zona de Locomapa el pasado 4 de enero para instalarse en una propiedad de 4 manzanas de tierra, con la intención de ampliarse un poco más.

Esta masacre deja al descubierto las continuas incursiones de masas campesinas extremadamente pobres que están siendo expulsadas hacia las fronteras agrícolas de los pueblos originarios para instalarse en sus territorios. Como ya lo señalamos, esta situación particular de Locomapa es común en el resto de los pueblos originarios de Honduras. Al igual que los tolupanes, los misquitos, Tawahkas y Pech han denunciado constantemente el avance de frentes de colonización agrícola constituidos por masas campesinas provenientes de diferentes regiones del país, particularmente de las zonas sur, occidente y el oriental departamento de Olancho; mientras que los Garífunas, Chortí y Lencas están siendo o ya han sido expulsados de gran parte de sus territorios por grandes terratenientes, empresarios forestales o inversionistas del sector turismo.

Una situación bastante incómoda para la tribu San Francisco de Locomapa

La enorme cantidad de conflictos sociales que están en curso en este momento en la tribu San Francisco de Locomapa hacen que esta situación se vuelva más crítica de lo que pudiera ser.

En primer lugar, San Francisco de Locomapa se encuentra en décadas de lucha en contra del saqueo de los bienes forestales de la tribu. La sangre ha sido derramada una y otra vez siempre que algún líder indígena Tolupán de Locomapa ha alzado su voz contra los saqueadores. Luis Soto Madrid, cacique de la tribu en la década de los ochentas, fue asesinado a machetazos el 1 de mayo 2002 por denunciar a empresarios deforestadores de los bosques de la tribu y sus cómplices al interior de la misma. Faustino Córdova, cacique de la tribu al momento de su asesinato, acaecido el 7 de septiembre del 2008. Se le arrebata la vida por defender el patrimonio forestal de la tribu. Antonio matute, residente en el caserío Pedregales, asesinado a machetazos el 22 de diciembre del 2011. Osman Matute Soto, residente en el caserío Pedregales, asesinado en junio del 2012 con arma de fuego. Carlos Roberto Romero, indígena del caserío Mezcales, asesinado el 22 de diciembre del 2012 con arma de fuego. Y desde el 2010 el empresario maderero Kenton Landa Uclés ha interpuesto denuncias criminales contra los tolupanes que se oponen al saqueo de sus bosques, contando para ello con el apoyo del ministerio público y la policía nacional[1].

El silencio se impone a los tolupanes cuando se trata de defender sus bienes forestales y aun así el pueblo Tolupán de Locomapa no claudica. En este momento al menos XX demandas de orden criminal han sido interpuestas por el MADJ y los tolupanes en los juzgados de Yoro y en Tegucigalpa.

En segundo lugar, San Francisco de Locomapa mantiene un conflicto abierto con los empresarios mineros que clandestinamente explotan los yacimientos de Antimonio, contando con un permiso local viciado de nulidad extendido por la Unidad Municipal Ambiental del municipio de Yoro[2] y la “vista gorda” de los guardias de seguridad de las postas policiales de Ocotal y La Habana. En algunos períodos pasan diariamente hasta 20 pick ups cargados de broza, custodiados por matones que “fusil al hombro” se desplazan continuamente en motocicletas dando seguridad a los vehículos que transportan el material. Mientras tanto, dejan las laderas de las montañas convertidas en descombros y las fuentes naturales de agua quedan severamente alteradas. Oponerse a este despojo le costó a la tribu San Francisco de Locomapa el asesinato de 3 indígenas: Ricardo Soto Fúnez, Armando Fúnez Medina y María Enriqueta Matute. Líderes indígenas de la tribu, pertenecientes al MADJ, asesinados el domingo 25 de agosto del 2013[3]. Y de esa fecha al 2015 ha habido otros  asesinatos vinculados a la misma problemática, entre los que sobresalen el asesinato de Luis Reyes Marcía, ocurrido el 5 de abril de 2015 y el asesinato del joven Erasio Vieda Ponce, que tuvo lugar el 18 de julio de 2015 . Por estos crímenes, el MADJ ha emprendido una acción en procura de justicia en contra del Estado de Honduras ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA. La Comisión Interamericana de derechos Humanos ha dictado medidas de protección solicitadas al Gobierno de Honduras en un intento por detener el derramamiento de sangre indígena; intento frustrado hasta ahora por la falta de voluntad de las secretarías de Seguridad y Policía Militar quienes, estando tan apertrechados como nunca, les ha faltado voluntad real para dar captura a los asesinos que se pasean tranquilamente por los poblados de Locomapa.  

En tercer lugar, la tribu San Francisco de Locomapa se encuentra en lucha por la defensa de las tierras tribales de vocación agrosilvopastoril usurpadas por grandes terratenientes de la zona que se han instalado en las mismas. Roy Varela es un terrateniente que ocupa tierras tribales en el sector de Buenos Aires, Suyatal y la quebrada San Jacinto. Sin embargo, el caso más emblemático ocurre con el General en condición de retiro de las Fuerzas Armadas de Honduras, Oscar Filander Armijo Uclés, que desde la pasada década de los ochentas del siglo XX subía a la tribu con camiones militares cargados de soldados con quienes procedió a cercar grandes extensiones de tierra, despojando de la misma a toda familia tolupán que encontraba a su paso[4]. La familia Uclés retiene bajo su control al menos 3 vastas extensiones de tierra: una hacienda entre el caserío El Zompopero, cerro Padre Vélez y borda El Esquinero; otra propiedad entre el volcán San Francisco y las comunidades indígenas de La Fortuna y El Terrero; y una finca extensa entre los cerros Jicarito, El Paragua y La Misión. No fue sino hasta el pasado mes de octubre de 2015 que, luego de destruir la choza de una familia Tolupán, despedazar sus sembradíos y amedrentarles como lo había hecho hasta entonces con muchas otras familias indígenas, el MADJ y los tolupanes pudieron sentar en el banquillo de los acusados a tan prepotente señor en los juzgados de Yoro.  En este momento el caso está en espera del veredicto final del juzgo y, mientras tanto, el General no puede acercarse a las comunidades de la tribu.

En cuarto lugar, la tribu San Francisco de Locomapa se encuentra resistiendo las incursiones agrícolas de innumerables familias campesinas provenientes de diferentes regiones del país. El área de mayor avance de la frontera agrícola en los territorios de la tribu se encuentra en el sector de El Sinaí, donde numerosas familias campesinas expulsadas de otras regiones del país llegan en busca de un pedazo de tierra para sembrar café y granos como el maíz y frijoles. Aunque las familias tolupanes suelen ser hospitalarias y atentas con los visitantes, no deja de preocuparles los flujos masivos y crecientes de ladinos desconocidos que al final, al desbrozar grandes extensiones de tierras, amenazan la existencia permanente de las fuentes de agua, de los bosques y de las limitadas fajas de tierras fértiles propias para plantíos agrícolas. Desde hace varios años y en repetidas ocasiones se han nombrado comisiones de la tribu que visitan las oficinas del Instituto Nacional Agrario, INA, el Instituto de Conservación Forestal, ICF, y el Ministerio Público, MP, para que ayuden a regular técnicamente este fenómeno social sin que hasta ahora alguna de tales instancias se haya preocupado por lo que está ocurriendo. Los 4 campesinos junto al Tolupán masacrados el pasado 21 de febrero pertenecen a una de tantas otras familias que han emigrado a la zona con la intención de hacerse de un pedazo de tierra para cultivarla y vivir de ella. La familia fue asesinada por una escuadra de matones que pululan en la región y se encuentran al servicio de los intereses de las familias poderosas que pretenden concentrar el mayor número posible de tierras, bosques y fuentes de agua del sector de Locomapa.

Un Estado que no responde

1.  El Estado incumple desde su institucionalidad. La situación expuesta indica que en este momento la tribu San Francisco de Locomapa es un escenario en el cual convergen tantos intereses; mezquinos unos (terratenientes, mineros y empresarios), de sobrevivencia otros (familias campesinas pobres) y de raigambre de pobladores y pobladoras nativos (tribu Tolupán); y, frente a esta realidad, el Estado de Honduras a través de sus instituciones se muestra parcializada e incapaz de hacer prevalecer la justicia y el Estado de derecho en la zona[5], de donde se advierte la emergencia de una situación caótica y perversa desigual que reporta jugosos dividendos a mineros, madereros y terratenientes mientras que a los tolupanes y las familias ladinas marginales solo les corresponde poner las víctimas.

2.  El Estado incumple ante la OEA. El Estado de Honduras ha sido emplazado desde hace dos años por la Comisión Interamericana de derechos Humanos de la OEA para que capture las bandas de sicarios que operan en la zona, enjuicie a los actores materiales e intelectuales de los crímenes cometidos contra tolupanes y proteja, por lo pronto con la implementación de medidas precautorias, a la población Tolupán. Hasta ahora el Estado ha sido incompetente.

3.  El Estado incumple ante la OIT. Desde otra perspectiva, el Estado de Honduras ha sido incapaz de cumplir con los compromisos contraídos en el marco de la adopción del Convenio 169 de la OIT sobre pueblos indígenas. En este momento el MADJ y el pueblo Tolupán han demandado al Estado de Honduras ante la OIT por el incumplimiento de dicho convenio en lo que respecta al pueblo Tolupán, enfatizando en los derechos sobre sus territorios y bienes naturales y el derecho que asiste al pueblo Tolupán a decidir sobre sus medios de vida en la forma de consulta libre, previa e informada[6].

 justicia, paz y dignidad para Locomapa y Honduras

Los tolupanes y tolupanas miembros del MADJ y constituidos como Consejo Preventivo de la tribu San Francisco de Locomapa y el MADJ en general, haciendo causa común, frente a esta masacre nos posicionamos de la siguiente manera:

1.  Condenamos la masacre perpetrada contra la familia ladina campesina y un indígena Tolupán en el caserío Cabeza de Vaca Número Dos.

2.  Presentamos nuestro pésame y solidaridad a las familias enlutadas, a la vez que les animamos a continuar luchando por la defensa justa de la tierra y los bienes naturales que nos regalan la vida.

3.  Llamamos a todas las tribus tolupanes a unirse aún más y crear una sola y efectiva estrategia común de defensa de sus territorios y bienes naturales.

4.  Exigimos al Estado que de una vez por todas asuma el restablecimiento de la paz con justicia y dignidad en el sector de Locomapa. Y ello no se logrará si el Estado se hace representar en el departamento de Yoro a través de funcionarios coludidos con la injusticia, parcializados a favor de los intereses de los poderosos y ciegos ante los vejámenes que tienen que vivir los indígenas y los pobres en general.

5.  Agradecemos el acompañamiento y la solidaridad mostrada al pueblo Tolupán de Locomapa y al MADJ por organismos de derechos humanos, agencias de cooperación, instituciones y movimientos populares nacionales e internacionales ante la situación de dolor, caos e incertidumbre generados por la masacre de gente inocente. Gracias, una vez más, por hacernos sentir su hermandad.

San Pedro Sula, Cortés. Honduras, C.A.

7 de marzo de 2016

Juan Antonio Mejía Guerra

Coordinador Nacional de Educación

MADJ



[1] Causa penal 30-2010. Se acusó a los indígenas tolupanes por el delito de “Obstaculización de ejecución de plan de manejo o plan operativo aprobado por el Instituto de Conservación Forestal”. Dicho plan fue aprobado por el Estado violentando el derecho del pueblo Tolupán a la consulta libre, previa e informada. Otro ejemplo es la Causa Penal 02-2012 incoada por el empresario maderero Kenton Gerardo Landa Uclés en contra de los indígenas tolupanes, contando con el apoyo de la Policía Nacional de Yoro para capturar a los dirigentes indígenas.

[2] Los permisos otorgados en claro acto de abuso de autoridad fueron firmados unos por el alcalde municipal y otros por el coordinador de la Unidad Municipal del Ambiente, Ing. Medardo Varela Bustillo.

[3] Expediente 90-13 del Juzgado de Letras Seccional de Yoro.

[4] El 5 de septiembre de 2014 el MADJ y la última familia Tolupán en proceso de despojo de sus tierras y demás bienes naturales procedieron a interponer denuncia ante el Juzgado, la cual fue registrada bajo el expediente 82-14. Sin embargo no fue sino hasta el 20 de octubre de 2015 que el ex general de las FFAA compareció ante el juzgado y se le tomó la declaración de imputado.

[5] Por ejemplo, el Estado desde el Instituto de Conservación Forestal otorgó el Plan de Manejo Forestal BP-YI-004-19994-11 y el Plan Operativo ICF-Y-309-2009 a empresarios forestales para que explotaran los bosques de la tribu San Francisco de Locomapa sin el consentimiento de la asamblea de la tribu.

[6] Mejía Guerra, J. A. y Fernández Guzmán, V. et alt (2015). Violación de derechos humanos de los pueblos indígenas en Honduras: El caso del pueblo Tolupán. MADJ, FUNDAMBIENTE, CUTH. La denuncia fue presentada el 2 de noviembre de 2015 ante la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones, CEACR, de la OIT. Y fue formalmente recibido el 9 de diciembre de 2015.


MUJERES DADORAS Y DEFENSORAS DE LA VIDA POR LA PAZ, LA DIGNIDAD Y LA JUSTICIA

Escrito por MovimientoAmplio 08-03-2016 en Mujeres. Comentarios (0)

COMUNICADO

El Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia presenta su saludo fraterno, popular y solidario a las mujeres de Honduras que, en medio del luto por el siniestro y cobarde asesinato de nuestra eterna compañera de luchas, Bertha Cáceres, se aprestan a celebrar un aniversario más del Día Internacional de la Mujer.

La humanidad que va saliendo de la oscuridad del machismo depredador y patriarcal reconoce en la mujer un ser dador de vida; pero en el trabajo colectivo y territorial del MADJ vamos más lejos al reconocer y valorar a aquellas mujeres que no contentándose con ser alacena de embriones vivientes, se convierten en defensoras de la vida, y de toda forma de vida. ¡Ellas son imprescindibles!

Junto a ellas y con ellas luchamos desde las comunidades, defendiendo los territorios que contienen la vida y los bienes naturales que sustentan nuestras vidas. Con ellas hacemos causa común hombres y mujeres de cualquier edad u ocupación, integrándonos en organizaciones populares de todo tipo, de todo credo religioso y de todo humanismo que hace del ser humano el custodio de una tierra que nos recibe al nacer y nos multiplica en diversidades sin límite.

Desde el recuerdo más tierno y cercano de nuestra compañera Bertha Cáceres queremos hacer memoria y rendir tributo especial a esas “Mujeres-Luz” que con su sangre martirial han abonado la lucha por una vida con dignidad y justicia en nuestros pueblos. Hacemos memoria de Blanca Jeannette Kawas, ambientalista asesinada por defender los bienes naturales de Atlántida; Margarita Murillo, campesina asesinada por defender las tierras al servicio de las comunidades campesinas; María Enriqueta Matute, indígena tolupán perteneciente al MADJ asesinada por oponerse a la extracción ilegal de madera y Antimonio en la tribu San Francisco de Locomapa; Soad Nicolle Ham Bustillo, joven estudiante asesinada por reclamar el derecho de la juventud a una verdadera educación con calidad científica y democrática. Para ellas nuestro tributo y para muchas otras que igualmente han abonado la lucha del pueblo esparciendo sus semillas de vida abonadas heroicamente con su sangre martirial.

¡Salud, Mujer Hondureña!

Estamos con vos, mujer que sos explotada en cualquiera de las maquilas, estamos con vos mujer esclavizada en servicios domésticos a quien el Estado de Honduras no quiere reconocer tus derechos como mujer obrera, estamos con vos mujer, madre soltera y desempleada. Estamos con vos mujer estudiante, mujer indígena, mujer garífuna, mujeres todas de nuestra Honduras igualmente abusada, acosada y ultrajada por una oligarquía voraz y una clase política corrupta que niega sus derechos y asesina a quienes los defienden.

Mujer hondureña: El MADJ te invita a organizarte lo más pronto posible en tu comunidad para luchar unidos y unidas, y exigir justicia por la defensa de nuestros territorios y bienes naturales.

San Pedro Sula. 8 de marzo de 2016


ALERTA: MANIPULACIÓN DE INVESTIGACIÓN EN EL CRIMEN CONTRA BERTITA

Escrito por MovimientoAmplio 05-03-2016 en Denuncia. Comentarios (0)

La Plataforma de Movimientos Sociales y Populares de Honduras (PMSPH) y la Coalición Contra la Impunidad (CI), en relación al asesinato Bertha Cáceres,  ALERTA  a  la comunidad nacional e internacional sobre los siguientes extremos:

I.  Nos preocupa que pasadas las primeras 24 horas del asesinato de nuestra compañera Bertha Cáceres, el principal énfasis de las investigaciones desarrolladas por distintas unidades del gobierno,  hayan dado prioridad a hipótesis no relacionadas con las amenazas a las que estaba expuesta  recientemente y en reiteradas ocasiones había denunciado el COPINH y la misma Bertha Cáceres.

II.  Nos preocupa que el gobierno, en el afán de bajar la presión nacional e internacional que este crimen le acarrea, procure dar cualquier respuesta de manera inmediata, no importando que los verdaderos responsables del hecho sigan gozando de la histórica impunidad en la que nos tiene hundidos.

III.  El gobierno y Estado de Honduras, antes de presentar cualquier resultado sobre las causas y autores del crimen contra Bertha Cáceres, tiene el deber de responder si la empresa Desarrollos Energéticos Sociedad Anónima (DESA) concesionaria del proyecto hidroeléctrico Agua Zarca, varias instituciones bancarias financiadoras de estos proyectos, varias Corporaciones Municipales de municipios Lencas, especialmente la de San Francisco de Ojuera, policías, militares y varias otras empresas quienes habían vertido amenazas de acabar con la vida de Berta y otros liderazgos de la zona, participaron de este repudiable crimen.

Algunos de los últimos hechos denunciados directamente por Bertha Cáceres son:

-  El 25 de febrero fueron desalojadas 50 familias lencas en la comunidad de la Jarcia, Guise, Intibucá, por elementos de la policía nacional, agentes de investigación y militares bajo una orden ilegal y arbitraria. Involucrado directamente en la destrucción de casas al señor Lenin Pérez, ordenada por el juez Mario Pineda del juzgado segundo de letras en Intibucá, denunciando a la alcaldía por emitir dominios plenos, a jueces y la fiscal Vania Jetziva Aguilar por racismo, negligencia y favoritismos, y ese mismo día denunció que esa política de desalojos contra miembros del COPINH no son aisladas porque el siguiente día se realizaría otro desalojo en Rio Chiquito, Rio Lindo, Cortes. 

-  El 20 de febrero en horas de la mañana denunció que se estaban deteniendo y hostigando a más de 100 miembros del COPINH  por una acción de resistencia pacífica contra el Proyecto Hidroeléctrico “Agua Zarca” que impulsa la Empresa Desarrollos Energéticos S.A. (DESA) en territorios lencas,  denunciando al ingeniero de la Empresa DESA, Segio Rodríguez,  empleados de dicha empresa, el alcalde de San Francisco de Ojueras en Santa Barbara (Raúl Pineda), al Partido Nacional, apoyados por el Ejército Nacional de Honduras, la Policía Nacional, guardias privados y sicarios.

-  El día viernes 26 de febrero estando en San Pedro Sula y a las 5:00 pm recibió una llamada telefónica informándole que un carro andaba rondando su casa de habitación.

-  Bertha denunció que los sujetos procesados en los expedientes 1001-2015-00107 y 1001-2015-00008,  en el Juzgado de Letras de Intibucá, por los delitos de portación ilegal de armas y homicidio, habían sido contratados para asesinarla. Los dos acusados se encuentran en libertad, después de haber sido favorecidos por el Ministerio Público y el Juzgado de Intibucá.

IV.  La PMSPH y la CI, denuncia la intención del gobierno y Estado de Honduras de presentar cualquier respuesta a este crimen. La única respuesta aceptable es la que establezca las causas y móviles certeros, la identidad plena y la sanción penal de los autores intelectuales y materiales. 

V.  Alertamos y solicitamos a la comunidad y cooperación internacional, a los movimientos políticos, sociales y de derechos humanos de Honduras y del mundo, y a todas las personas que se han solidarizado ante este crimen; que dirijan misivas al Estado y gobierno de  Honduras pidiendo que respete los estándares internacionales definidos para la investigación de este tipo de crímenes, sobre todo el hecho que BERTHA CÁCERES es una reconocida luchadora social y defensora de Derechos Humanos, y su crimen está vinculado con su lucha.

4 de marzo del 2016.


REPUDIAMOS EL VIL ASESINATO DE LA COMPAÑERA BERTA CÁCERES

Escrito por MovimientoAmplio 03-03-2016 en Berta. Comentarios (0)


COMUNICADO DEL MOVIMIENTO AMPLIO POR LA DIGNIDAD Y LA JUSTICIA (MADJ)

Con profundo dolor e indignación recibimos la noticia del cobarde asesinato de nuestra compañera y hermana Bertha Isabel Cáceres Flores, nuestra querida Bertita.

Gracias, Bertita, por tu ejemplo de verdadera y necesaria rebeldía y de amor a nuestro pueblo y a los pueblos del mundo. Reiteramos nuestro repudio al gobierno nacional y gobiernos locales, aliados y promotores de las empresas depredadoras de la vida humana y de la naturaleza.

El Estado y gobierno de Honduras es responsable de este crimen porque a pesar que la CIDH desde 2009 le ordenó que protegiera la vida de Bertita, más bien consolidó alianza con la empresa DESA y otras hidroeléctricas que se convirtieron en feroces enemigas de Bertita y la causa del COPINH.

Berta Cáceres, indígena Lenca, hermana nuestra, flor de nuestros campos, ha sido asesinada esta madrugada. Ahora el río Gualcarque será más vida porque en él Berta ha invertido la suya, Los pinares crecerán y se elevarán más alto porque Berta los ha trascendido. Los indígenas serán más valientes porque Berta les ha enseñado que la dignidad de seres humanos nunca se vende. Tu sangre derramada, Berta, ahora fluye por todos nuestros corazones apesarados e indignados. ¿Cuándo entenderán los empresarios que las ganancias no se obtienen a costa de aniquilar inocentes? Cuándo entenderá el gobierno de Honduras que el desarrollo no se construye matando a los defensores y defensoras de las comunidades ladinas e indígenas?

El camino del amor, de la rebeldía y de la organización es nuestra opción en este momento de impotencia y de rabia.

¡Verdad y justicia para Bertita!.

San Pedro Sula. 3 de marzo de 2016